Un juez colombiano ordenó el jueves 10 de septiembre de 2026 al presidente Abelardo De la Espriella retirar de las cuentas oficiales de la República las imágenes que lo mostraban caminando entre cadáveres de presuntos criminales. La decisión judicial sacudió al país y abrió un debate profundo sobre los límites del poder ejecutivo y el respeto a la dignidad humana en tiempos de guerra contra el crimen organizado.
Imágenes que indignaron a Colombia y al mundo
Los días 2 y 4 de septiembre de 2026, el perfil oficial @infopresidencia en Instagram publicó varios videos y fotografías en los que De la Espriella deambulaba entre bolsas mortuorias de plástico blanco, tras comunicar los resultados de operaciones militares. No eran imágenes accidentales ni filtradas : las publicó él mismo, tanto en sus cuentas personales como en los canales institucionales de la presidencia.
La semana anterior, el mandatario ya había ofrecido una rueda de prensa en Riohacha, en el norte del país, con cuatro cuerpos tendidos en el suelo a pocos metros de él. Para muchos ciudadanos y juristas, ese gesto cruzó una línea. Exhibir cadáveres de personas calificadas como terroristas o delincuentes, antes de cualquier proceso judicial, plantea una pregunta incómoda : ¿quién determina la culpabilidad cuando el acusado ya está muerto ?
La reacción internacional no tardó. Organizaciones de derechos humanos señalaron que la espectacularización de la muerte, incluso en el contexto de una lucha legítima contra el narcotráfico, normaliza la violencia y vulnera principios elementales de presunción de inocencia. Colombia produce la mayor cantidad de cocaína del mundo, lo que convierte cualquier política de seguridad en un asunto de alcance global.
Un tribunal de Bogotá frena al presidente
El demandante fue Santiago Osorio Marín, parlamentario de oposición perteneciente al partido Alianza Verde. Su solicitud apuntaba directamente al retiro de los contenidos publicados desde la cuenta oficial. El tribunal bogotano respondió con una orden de ocultamiento provisional de las publicaciones, sin que ello implique su eliminación definitiva, en espera de una sentencia de fondo.
El documento judicial exige específicamente “la disimulación de las publicaciones efectuadas desde el usuario @infopresidencia” mientras se resuelve el caso. La medida es cautelar, pero su simbolismo político resulta enorme : por primera vez desde que De la Espriella asumió el cargo el 7 de agosto de 2026, la justicia le impone un límite concreto a su comunicación presidencial.
Para entender mejor el alcance de esta decisión judicial y sus implicaciones políticas, conviene revisar el perfil del mandatario :
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Abelardo De la Espriella |
| Fecha de posesión | 7 de agosto de 2026 |
| Orientación política | Extrema derecha |
| Apoyo internacional | Gobierno de Donald Trump (EE.UU.) |
| Bombardeos ordenados desde su posesión | 3 operaciones, al menos 42 muertos |
Esos 42 fallecidos en bombardeos incluyen, según cifras confirmadas, seis menores de edad, víctimas de operaciones militares en la Amazonia colombiana y en la frontera con Venezuela. Un dato que los críticos del gobierno no pasan por alto.
La doctrina De la Espriella : guerra total contra el crimen organizado
Desde su primer día en el poder, De la Espriella, apodado «el Tigre» por la ultraderecha, prometió una confrontación sin cuartel contra los grupos armados que financian sus actividades mediante el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Su retórica recuerda a la de otros líderes de línea dura en América Latina, y su llegada al poder fue celebrada como una victoria del bloque conservador regional.
El respaldo del gobierno estadounidense de Donald Trump refuerza su posición. Washington ve con buenos ojos una política de mano dura en un país que lidera la producción mundial de cocaína y que sufrió durante el último año una escalada brutal de atentados, asesinatos y secuestros. La alianza geopolítica es clara, aunque no exenta de tensiones internas.
Los métodos del presidente generan divisiones incluso dentro de sectores que apoyan la lucha contra el narcotráfico. Las críticas se articulan en torno a varios puntos centrales :
- Publicación de imágenes de cadáveres antes de identificarlos oficialmente como criminales.
- Uso de canales institucionales del Estado para contenidos que un tribunal consideró inapropiados.
- Muerte de seis menores en bombardeos militares desde el 7 de agosto.
- Ausencia de rendición de cuentas sobre las víctimas civiles en zonas de conflicto.
Nadie discute que Colombia enfrenta una amenaza real. El problema es el método : convertir la muerte en espectáculo no es una estrategia de seguridad, es una herramienta de propaganda que puede costarle al Estado más de lo que cree.
Lo que viene ahora : justicia, redes y poder presidencial
La orden judicial no cierra el debate, lo abre. El fondo del asunto aún debe resolverse ante los tribunales, y De la Espriella no ha señalado intención alguna de moderar su discurso ni su exposición mediática. Si la sentencia definitiva confirma la medida cautelar, Colombia establecerá un precedente regional sobre el uso de las redes sociales institucionales por parte de un jefe de Estado.
El caso pone sobre la mesa una pregunta que trasciende las fronteras colombianas : ¿hasta dónde puede llegar un presidente en su comunicación pública cuando invoca razones de seguridad nacional ? La respuesta que den los jueces colombianos podría convertirse en referencia para otros países de la región que enfrentan dilemas similares entre eficacia militar y Estado de derecho.
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